Luis Hernández Navarro, 22 de septiembre 2026
Hace casi 30 años que se fundó el Congreso Nacional Indígena (CNI). A pesar de la tenaz e incansable resistencia de los pueblos originarios y de esta red, de la construcción de autonomías de facto, del florecimiento de algunas de sus lenguas y del reforzamiento regional de su cultura e identidad, se han incrementado su explotación, el despojo de sus tierras y territorios, la simulación en el reconocimiento de sus derechos y el racismo.
De la mano de los agronegocios de exportación ha crecido su proletarización y la explotación salvaje. Hay en México alrededor de 3 millones de jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas. Siembran, cosechan e industrializan para las modernas fincas en condiciones infrahumanas. A menudo, sus hijos pequeños laboran con ellos, sin poder estudiar. Una parte muy importante, no cuenta con seguridad social ni contratos de trabajo. Lejos de habitar una vivienda digna, viven en cuarterías o galerones inhóspitos.
Como contó Jared Laureles en este diario, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2023 había sólo 47 inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en una de las regiones más importantes del agrobusiness, la de Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Los inspectores tienen entre sus funciones la de certificar las condiciones de seguridad en campos agrícolas (https://shortlink.win/1yst0).
Muchos indígenas migran a Estados Unidos, a través de polleros. Aunque no existe un censo oficial, según un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente viven en la Jaula de Oro del norte casi medio millón de integrantes de 29 pueblos originarios, con el temor constante de ser arrestados y deportados (https://shortlink.win/1ysuU).
El desplazamiento de poblaciones indígenas por megaproyectos no es un asunto nuevo. Entre otros muchos más, los casos de las presas Miguel Alemán (Temascal) en 1947, la Luis Donaldo Colosio (Huites) en 1995 y el Zapotillo en 2009 son ejemplo de ello. Con 21 años de edad, Rodolfo Stavenhagen (que tanta falta nos hace), participó en un proyecto que investigaba a las comunidades mazatecas que, sin ser consultadas, serían desplazadas por la construcción de la presa Miguel Alemán, en uno de los afluentes del río Papaloapan, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Descubrió allí, de primera mano, el drama humano provocado a los pueblos originarios en nombre del “progreso”, y la violación a sus derechos humanos bajo la justificación del “desarrollo”.
Sin embargo, en los últimos años, estos megaproyectos se ha expandido, a menudo avalados por consultas patito. Entre los muchos casos de proyectos en marcha resistidos por las comunidades, se encuentra el de la construcción de la planta de metanol en la bahía de Ohuira, Sinaloa, en territorio Yoreme-mayo. En Chiapas hay un gran rechazo a las obras carreteras Palenque-Ocosingo-San Cristóbal y Amatenango del Valle-San Cristóbal, que provocarán severos impactos ambientales en comunidades tseltales y cho’oles. En la San Luis Potosí y Veracruz, múltiples comunidades se oponen al fracking. En Oaxaca, el ejido zapoteco San Pedro Comitancillo rechaza la construcción de un parque fotovoltaico. En México, el ecologismo de los pobres es sustancialmente un ecologismo de los pueblos originarios.
Muchas comunidades indígenas son víctimas de las agresiones del crimen organizado, lo mismo de grupos como Los Ardillos en Guerero, que del CJNG en la costa michoacana o en la Sierra de Chiapas. Las agresiones contra los pueblos han provocado violencia, despojos y desplazamientos forzados. Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fue injustamente detenido a mediados de julio de 2026 por fuerzas federales y estatales, y enviado a un penal de alta seguridad, por enfrentar al grupo narcoparamilitar que ha sentado sus reales en la Montaña Baja.
Los pueblos originarios no tienen representación política directa. El monopolio de ésta por parte de los partidos, les impide a ellos y a los afromexicanos contar con representación directa al margen de los partidos con registro, excepto donde se eligen autoridades municipales por usos y costumbres. Aunque formalmente se reconozca en la Constitución su derecho a la libre determinación y la autonomía, en este tópico (como en el del derecho al territorio) se impide su ejercicio.
Para “compensarlo” se establecieron candidaturas de acción afirmativa indígena que son un timo. Gracias a la magia de las cuotas legislativas de base étnica, hemos pasado de la blanquitud a la indianización de la política electoral. La lista de usurpadores de identidades es monumental. No importa que en la realidad no sean parte de comunidad originaria alguna, ni que no luchen por su agenda política, ni que no hayan vivido en poblaciones originarias o afromexicanas. Igual, fingen ser sus dirigentes.
El último episodio de esta ofensiva contra los pueblos autóctonos es la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Entre las muchas barbaridades que contiene, destaca una: el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas será otorgado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), una instancia gubernamental. Un atraco al derecho a la libre determinación y la autonomía.
No en balde, el sabio maya Pedro Uc (https://shortlink.win/1Efff), calificó a esta propuesta de “jaula bocatrampa”, en donde el bienestar y la buena fe funcionan como carnada del neocolonialismo que perpetúa el despojo. Y, el mismo CNI, considera a la consulta como una simulación y a la que se quiere como nueva legislación como una trampa que limita su autonomía. De manera que, a 30 años de su nacimiento, seguirá luchando contra la corriente por la reconstitución de los pueblos indios, como siempre lo ha hecho.
X: @lhan55
https://www.jornada.com.mx/2026/09/22/opinion/017a2pol