La Jornada

La jornada, 16 de abril de 2013

La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?

Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.

La jornada, 09 de abril de 2013

Enrique Peña Nieto le declaró la guerra al magisterio democrático. El 3 de abril, en Boca de Río, Veracruz, en el foro México con educación de calidad para todos, advirtió que nadie frenará la reforma educativa y que no admitirá presiones ni retrocesos en su aplicación. No hay duda sobre el destinatario de sus palabras: los maestros disidentes demandan su abrogación.

La Jornada, 02 de abril de 2013

Raúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.

La Jornada, 26 de marzo de 2013

Por los caminos del sur la cosa está que arde. Maestros, normalistas, campesinos e indígenas protagonizan en Guerrero un nuevo ciclo de protestas cívicas y gremiales que guardan bastantes elementos en común con los levantamientos de otras épocas. La oposición a la reforma educativa, la lucha contra la inseguridad pública, la demanda de plazas para trabajar y la resistencia a los grandes proyectos mineros y a la construcción de una presa se han imbricado y alimentado unas a otras.

La Jornada, 19 de marzo de 2013

Nicolás Maduro es un robusto grandulón de 1.90 metros de alto, y negro y tupido bigote, que condujo en Caracas un metrobús durante más de siete años, fue canciller otros seis y ahora es candidato a la primera magistratura y presidente encargado de Venezuela. Forma parte de la nueva generación de mandatarios latinoamericanos que, como el obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva o el sindicalista cocalero Evo Morales, incursionaron en la política desde las trincheras de las luchas sociales de oposición.

La Jornada, 12 de marzo de 2013

La continuidad del proyecto chavista sin Hugo Chávez está garantizada. La revolución bolivariana sobrevivirá a su líder. El socialismo del siglo XXI no es obra de un solo hombre, sino de un pueblo que lo ha hecho parte de su imaginario y su horizonte. La unidad de su conducción política y militar está asegurada.

La Jornada, 05 de marzo de 2013

Elba Esther Gordillo inició su carrera política en el estado de México. Allí comenzó a forjar el imperio sindical que la proyectó al cenit de su poder. Su trayectoria es un caso de autodidactismo y olfato político. Su ascenso fue resultado de la conveniencia de auparla de personajes más poderosos que ella, casi siempre hombres, y de su disposición a dejarse utilizar por ellos y en el camino conseguir sus propios fines. También lo fue su caída.

La Jornada, 26 de febrero de 2013

Diva Hadamira Gastélum es senadora plurinominal por Sinaloa. Ha sido legisladora local en una ocasión, dos veces diputada federal, presidenta municipal de Guasave y durante muchos años directora del DIF en ese municipio, donde comenzó su carrera política. Es, además, según confesó públicamente el pasado 20 de febrero, presidenta del club de fans de Emilio Chuayffet.

La Jornada, 19 de febrero de 2013

A Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, le gusta presentarse como un empresario y activista social que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es ¡más educación, menos política!; sin embargo, su actividad central es la política.

La Jornada, 12 de febrero de 2013

Este 16 de febrero se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. En ellos el gobierno federal dio respuesta a una parte de las demandas enarboladas por los zapatistas, las relacionadas con los derechos y la cultura indígenas. Allí se plasmaron los resultados de la primera mesa de trabajo de cinco programadas entre las dos partes para resolver las causas que propiciaron la insurrección de enero de 1994. A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno federal sigue sin cumplir los acuerdos.