Pasan los días y sus hijos no aparecen. Un día las autoridades les dicen una cosa y al siguiente otra. Y las versiones que les dan no concuerdan con las evidencias disponibles. ¿Por qué los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa le van a creer al gobierno?
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último, dijo.
El fuego devora un vehículo frente al palacio de gobierno de Chilpancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron: Justicia. Guerrero está en llamas.
En cada marcha para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cientos de jóvenes participan cubriendo su rostro con estilizadas máscaras blancas con sonrisa, bigote y barba puntiaguda. La careta reproduce la utilizada por el revolucionario inglés del siglo XVII Guido Fawkes. Los hackers de Anonymous la han hecho célebre en muchos países.
Uno, dos, tres, cuatro, corea la multitud sin parar hasta llegar al número 43 y exigir a voz en cuello:¡Justicia!
Felipe Arnulfo Rosa, pasa lista una voz. ¡Presente!, responden centenares de gargantas encolerizadas. Benjamín Ascencio Bautista, pregunta nuevamente. ¡Presente!, contestan los manifestantes. Israel Caballero Sánchez...
Una narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.
Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron.
La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna.
Escándalo sobre escándalo, 16 meses después de expedida la orden de aprehensión en su contra fue detenido el secretario de la tribu yaqui Mario Luna Romero. Policías vestidos de civil, a bordo de cuatro vehículos no oficiales, lo apresaron el pasado 11 de septiembre.