A. Claudio X. González le gusta presentarse como activista social y filántropo preocupado por la educación. Sin embargo, la actividad favorita en los últimos años del presidente de la organización patronal Mexicanos Primero es estigmatizar a los maestros, desacreditar la enseñanza pública e intimidar a quienes no se supediten a su agenda y sus deseos.
Al joven Antonio Vivar Díaz lo mató este domingo la Policía Federal. No fue el único agredido por la fuerza pública en Tlapa. Al menos otras cuatro personas fueron heridas de gravedad. Antonio era padre de un niño de ocho meses. Estudiaba el último año de la licenciatura en desarrollo comunitario integral, en la Universidad Pedagógica Nacional.
Las elecciones del próximo domingo serán cualquier cosa menos normales. A unos días de concretarse priva la violencia, las guerras de lodo entre partidos políticos, la desconfianza hacia las autoridades electorales, la manipulación de las encuestas, el llamado al boicot y a la anulación del voto, el empate técnico en siete de las nueve gubernaturas en disputa y la posibilidad de triunfo de un candidato independiente.
A miles de kilómetros de distancia del municipio de Tixtla, el eco de Ayotzinapa resuena en Cutral Có, localidad petrolera de la provincia del Neuquén, en Argentina, poco más de 35 mil habitantes. Allí, el Instituto Superior de Formación Docente número uno dedicó el actual ciclo lectivo a los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural mexicana. Toda su comunicación sale con ese membrete.
Las policías comunitarias incomodan enormemente a las autoridades gubernamentales y al Ejército. No importa que su existencia y labor estén amparadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero. El malestar contra ellos es tan grande que sus dirigentes han sido perseguidos y encarcelados.
Desde hace 22 meses Nestora Salgado García habita en el infierno. Encerrada en el penal de máxima seguridad Cefereso 4 Noroeste de Tepic, Nayarit, ocupa una pequeña celda destinada a los delincuentes de alta peligrosidad que ella combatió. Pasa 23 horas en su celda al día sin casi ver la luz del día y prácticamente incomunicada. Dispone de apenas cinco o 10 minutos para hablar por teléfono a veces.
Del desgaste a la represión, de la indolencia a la burla. Así puede resumirse la estrategia que el gobierno federal ha trazado para resolver el conflicto de los jornaleros de San Quintín.
Como parte de su lucha de la memoria contra el olvido, los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y los estudiantes de la normal rural han desplegado estas últimas semanas una vigorosa e intensa campaña internacional. El 16 de marzo comenzaron una gira durante 45 días por más de 40 ciudades de Estados Unidos; entre el 12 de abril y el 2 de mayo cruzaran Canadá de oeste a este, y el 16 de abril una comitiva partió a Europa para recorrer en poco más de un mes 13 países.
Rogelio Méndez Palma no duda que los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín padezcan una explotación criminal. No lo dice nada más porque sí. Lo ha sufrido durante años en carne propia. Él es uno de ellos. Durante años ha trabajado la tierra en Ensenada y en California. Ahora, también es uno de sus representantes.
Fidel Sánchez Gabriel tiene 45 años de edad y 38 de vivir y trabajar de jornalero agrícola. Con sus manos y su conocimiento ha cultivado cientos de toneladas de las más diversas hortalizas y frutas. A pesar de que su extenuante labor ha generado incalculables riquezas, vive en la pobreza. Hoy es la voz de los trabajadores rurales de San Quintín, donde vive desde 1981.