Se ha vuelto costumbre que, en nombre de la sociedad civil mexicana, individuos prominentes, organizaciones no gubernamentales y asociaciones filantrópicas busquen fijar las políticas públicas o establecer la agenda política nacional. Unos dicen defender la calidad de la educación, otros luchar contra la corrupción gubernamental y algunos más garantizar la seguridad pública.
Como candidato, Donald Trump derrotó por nocaut a los grandes medios de comunicación estadunidenses. Ahora se propone hacer lo mismo como presidente de Estados Unidos. En el centro del pleito se encuentra la definición de quién elabora la narrativa sobre el nuevo gobierno: si el magnate o la prensa.
Las movilizaciones convocadas por #VibraMéxico este 12 de febrero fueron un fracaso. En Ciudad de México marchó mucho menos gente de la que sus organizadores esperaban. En Puebla salieron a la calle apenas 300 personas, en Hidalgo 200, en Villahermosa 900 y en Oaxaca ninguna.
Enero me gustó pa’ que te vayas, le cantan integrantes de la Asamblea del Pueblo a Francisco Kiko Vega, gobernador panista de Baja California, parafraseando la letra de Amarga Navidad, de José Alfredo Jiménez. Y, al grito de ¡Fuera Kiko!, exigen la renuncia del mandatario.
Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty Dumpty a Alicia, la heroína de las novelas de Lewis Carroll– quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos. Y, añadió: La cuestión es saber quién es el que manda..., eso es todo. Como Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, el presidente Donald Trump está empeñado en construir una narrativa desde el poder que deje claro que es él quien manda.
La mañana del miércoles 18 de enero, el estudiante Federico N, un joven de 15 años, entró a su aula en el Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey. A sangre fría, disparó una pistola calibre .22 contra una maestra y un compañero de clase. Se puso de pie y vació el arma contra otros alumnos. Regresó a su pupitre, abrió su mochila, cargó nuevamente la escuadra y se descerrajó un tiro en la boca.
¡Ni un peso más!, gritan los manifestantes a los automovilistas que cruzan la garita El Chaparral, al tiempo que levantan las plumas de la aduana de México y permiten el ingreso de los carros sin revisión de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Los conductores responden tocando el claxon en señal de apoyo.
La imagen se ha reproducido una y mil veces como símbolo de los tiempos que corren. A la salida de una tienda departamental saqueada por una multitud plebeya, un joven carga sobre sus espaldas una enorme pantalla nueva.
Con esa pantalla se cobra el agravio de ser menesteroso en un país en el que serlo es no sólo una tragedia material sino el símbolo de una derrota social.
Chínipas es el pueblo en que nació la periodista Miroslava Breach. Es también la tierra del grupo criminal de los Salazar. En ese municipio fue alcalde, entre 2013 y 2016, el panista Hugo Amed Shultz, facilitador del asesinato de la corresponsal de La Jornada.
Chínipas es un pequeño poblado centenario fundado en 1626 por sacerdotes jesuitas para evangelizar a los indígenas. Está enclavado entre barrancas, en la Sierra Madre Occidental, en el suroeste del estado de Chihuahua, muy cerca de Sonora y Sinaloa.
“Definitivamente, no nos quieren indios, nos prefieren muertos”, soltó Anabella Carlón Flores. Y añadió: México tiene sólo leyes bonitas, pero no se aplican.
Anabella es abogada de la tribu yaqui. Junto a su esposo, Isabel Lugo Molina, está al frente de la defensa legal de los habitantes de Loma de Bácum contra la construcción del gasoducto Aguaprieta por parte de la empresa Ienova Sempra Energy, que atraviesa el territorio de la tribu, entre los municipios de Guaymas y Cajeme, en el sur de Sonora.