Luis Hernández Navarro, 26 de mayo de 2026
Un desplazado por el crimen organizado en la frontera de Chiapas con Guatemala cuenta cómo, al huir de su comunidad, el primer sentimiento que se tiene es en la vida y el miedo. “Después de uno de los enfrentamientos, así como muy crueles, y escuchar a nuestros hijos llorar, nosotros como padres lo primero que piensas es en la vida.
No pensé en mis cosas, no pensé en nada, claro dolía mucho porque nos íbamos a la deriva, no sabíamos ni dónde íbamos a dormir. Solamente subimos lo necesario. Lo que más hay en ese momento es el miedo, mucho miedo, porque no sabíamos si nos detenían en la salida. En las camionetas era evidente que nosotros estábamos saliendo. Eso fue lo primero: miedo”, dice.
Otro más, explica: “me tocó escuchar a personas llorando, con mucho miedo por sus hijos, menores de edad, que tenían que sacarlos. Ellos salieron por un río, que, en este momento estaba crecido. Así cruzaron. Fueron ayudados por otras familias. Con el riesgo que podían ahogarse en las aguas, que estaban altas. Hubo de todo: mucho coraje, tristeza, miedo, fueron los sentimientos más fuertes de las familias”.
Los testimonios no son hechos aislados. La situación en el sureste mexicano es alarmante. Tanto así que, el 7 de octubre de 2025, el colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, denunció la falta de acciones reales del gobierno de Chiapas y, en especial, de la FGE “Basta de simulaciones, basta de cinismo institucional”, señalaron en el documento en el que denuncian la situación.
Las voces que dan cuenta del miedo y la lucha por la vida, son parte de Chiapaz, la paz pendiente, informe del Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF). Comprende el periodo del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025. Tiene por finalidad documentar y analizar la evolución de la violencia y de las violaciones a derechos humanos en la Región Sierra Frontera (RSF) de Chiapas, en el contexto del cambio de gobierno. El documento da continuidad al informe previo, que abarcó los años de 2021 a 2023.
Esa región se encuentra en el sur del estado, y está integrada por los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Concordia, La Grandeza, La Trinitaria, Mazapa de Madero, Monte Cristo de Guerrero, Motozintla, Siltepec.
Montañas, selvas y caminos rurales colindan directamente con Guatemala, un país que es una enorme bodega de mercancías en tránsito, manejadas por el crimen organizado: migrantes indocumentados, trata, drogas, armas, piratería, vehículos robados, ganado. Es un corredor geográfico, económico y migratorio de enorme relevancia. Allí, comunidades indígenas y campesinas conviven con el comercio formal e informal; la movilidad humana constante; la presencia de rutas migratorias, y conflictos derivados por la disputa del control territorial entre grupos de malosos.
El informe fue elaborado por el el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la agrupación Movilidades Libres y Elegidas, Voces Mesoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) y de la organización sueca SweFOR.
Según explican los autores del documento, las redes criminales en la esa región “de Chiapas operan en un territorio marcado por la complicidad institucional, la disputa por rutas estratégicas y la presencia de economías ilegales que se entrelazan con actividades cotidianas. No funcionan como estructuras autónomas, sino como entramados flexibles que combinan grupos armados, intermediarios locales, actores políticos y circuitos económicos transfronterizos. Su capacidad de control territorial se expresa en extorsiones, desplazamientos, reclutamiento forzado y la imposición de normas paralelas que afectan la vida comunitaria”.
El Frayba documentó que, entre enero de 2021 y octubre de 2025, 24 mil 290 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, en los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila. En el caso de la Sierra Frontera el principal motivo que provocó los desplazamientos fue la determinación de los pobladores de la región de evitar enfrentamientos, amenazas o reclutamiento forzado, por parte de grupos armados en este corredor clave para sus negocios ilícitos.
El informe da cuenta de cómo, en 2025, se incrementaron significativamente casos de desaparición de personas. Tapachula fue el municipio con más casos, seguido por Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. Entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025, también se encontraron cuerpos en fosas clandestinas.
El documento reconoce que, durante 2025, familias retornaron a sus comunidades, para recuperar sus casas y tierras. Sin embargo, tuvieron que enfrentar el control y la vigilancia por parte del crimen organizado y sus aliados locales. Además, el pago de deudas, la usurpación de tierras o propiedades; o las amenazas constantes, lo que ha provocado un empobrecimiento mayor de aquellas familias más vulnerables.
El informe abunda en múltiples declaraciones de los afectados, sobre cómo enfrentar las amenazas que se ciernen sobre ellos y sus familias. Una de ellas, que resume el sentir de distintas víctimas, señala: “Hay que promover la unidad lo más que se pueda. Y no distinguir credos ni nada, porque siempre pasa en las comunidades, el católico allá y el adventista acá. Hay que vernos como somos, hermanos. Yo creo que la unidad, sobre todo, pero también que la gente conozca las leyes, conozca los derechos. Porque hay derechos para todos”. En medio del miedo, la lucha por la vida sigue, sigue, sigue.
X: @lhan55
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